El Ministerio de Salud Público (MSP) prohibió a una clínica privada la importación de una máquina de diagnóstico médico, PET, alegando, en una primera instancia que "la alta tecnología, que subsidian todos los uruguayos, debe ingresar en primer lugar por el sector público". Hoy en día solo pueden acceder a ella aquellos uruguayos que tienen un par de miles de dólares para viajar al exterior para hacerse el estudio en Argentina o Brasil. Según el MSP la tecnología deberá ser incorporada en primer lugar por el estado a través del Centro Uruguayo de Imagenología Molecular (CUDIM), el cual está en plena construcción y tiene planificada su apertura para finales del 2009.

Hay muchos aspectos a tener en cuenta, pero sin lugar a dudas, el objetivo debe ser que la mayor cantidad de gente pueda acceder a las nuevas técnicas de diagnóstico lo antes posible. Hoy en día son muy pocos los que pueden acceder a éstas técnicas de diagnóstico, sólo aquellos que disponen el dinero para pagar el estudio más el viaje al exterior y todos sus gastos asociados (alojamiento, comida, dejar de trabajar, etc). Permitiendo la entrada al país del equipo en clínicas privadas, podrán acceder a ellos un mayor grupo de personas, todas aquellas que pueden pagar el estudio pero que no podían costear el viaje al exterior, es decir un poco más de gente. Finalmente, cuando el estado sea capaz de traer dicho equipo, podrán acceder al estudio todos aquellos pacientes que el CUDIM, o quien esté encargado de la logística en ese momento, disponga, es decir, un grupo aún mayor.

En el caso que el MSP pretende, de que no haya una clínica privada que tenga el equipamiento, toda la población estará a lo que el aparato estatal disponga y todos los costos de la operación de todos los pacientes, sera absorbido por el estado. Mientras que si hay clínicas privadas en donde hacerse el estudio, el estado solo deberá absorber el costo de aquellos que no puedan costearse el tratamiento, es decir, de menos pacientes, y por lo tanto podría brindar con el mismo dinero, un mejor servicio. Por el lado económico, no cierran las cuentas.

Otro aspecto a tener en cuenta es la cantidad de equipos que el país necesita. Hay varios estudios al respecto, pero los números oscilan entre un equipo cada un millón de habitantes hasta un equipo cada doscientos mil habitantes. Quedándonos con la estimación más optimista y teniendo en cuenta el último censo de población que indica que el país tiene un poco más de tres millones de habitantes, son necesarios al menos tres de estos equipos. ¿porqué el estado piensa incorporar uno solo si esto está muy por debajo de lo necesario? Sin lugar a dudas nuevamente los costos surgen. Entonces ¿porqué no permitir que clínicas privadas incorporen la tecnología?

Durante la interpelación a la Ministra de Salud Pública, Maria Julia Muñoz nuevos argumentos aparecieron que apuntan a otros problemas operativos de la tecnología, como la necesidad de contar con un ciclotrón (algo así como un acelerador de partículas que permite la fabricación de radiofármaco utilizado durante el estudio). Si bien esto es una complicación, no es un impedimento absoluto, ya que existen en el mundo instalaciones de equipos PET que operan sin un ciclotrón, trayendo los radiofármacos de otros lugares. Si bien la logística es complicada y quizás peligrosa, creo que hubiese sido mejor exigir a la clínica todas las garantías para el transporte, antes que quitar a los pacientes la posibilidad de contar con la tecnología.

El título en el portal Observa suena desde un principio un poco fuerte pero la realidad es que no aparecen razones de peso para negar a los pacientes contar con la tecnología en el país. Fundamentalismo, yo hubiese dicho idealismo utópico, algo a lo que el gobierno nos tiene bastante acostumbrados.

Cada vez me quedan menos dudas, cuantas más clínicas tengan el equipamiento, más pacientes podrán acceder a él, y para aquellos que no lo puedan pagar, el estado los atenderá, eso sí, al ser menos, los podrá atender mejor.